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La reforma en materia de energéticos fue tramitada con inusitada celeridad. Se optó por un procedimiento expeditivo no tanto por la relevancia del asunto, que esperó un año a partir del inicio de la administración, cuanto por la preocupación de que se produjeran reacciones imprevistas.

Para sortear el debate parlamentario se invocó el argumento de que el asunto había sido discutido por años. Esto es cierto, pero vale recordar lo que en una etapa de la Segunda Guerra dijo Churchill: "Esto no es el fin; ni siquiera el principio del fin. Tal vez sea el fin del principio". En nuestro caso, el gran debate sobre los energéticos va a continuar. Antes de diciembre de 2013 la posibilidad del cambio constitucional era incierta; hoy es un hecho, y ahora sigue la manera como se aplicará.

Los incidentes del trámite congresual quedan atrás. Hacia adelante vienen otras cuestiones. Por ejemplo, la Presidencia de la República, como órgano del poder, recibió un importante aumento de facultades sin que se previeran controles por parte del Congreso. Además, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad dejarán de ser organismos públicos descentralizados para convertirse en una nueva categoría denominada "empresas productivas del Estado". Al margen de que esa conversión sea o no un paso hacia su empequeñecimiento, uno de sus efectos será privar al Congreso de los escasos instrumentos de control que disponía.

Conforme al artículo 93 constitucional las Cámaras tienen derecho a investigar a los organismos descentralizados y a las "empresas de participación estatal mayoritaria", pero no a otro tipo de empresas ni a las dependencias del gobierno. Esta es una de las muchas expresiones de hermetismo en que ha sido irreductible nuestro arcaico sistema presidencial. La transparencia se limita al acceso de los particulares a la información, pero se mantiene cancelada la posibilidad de que el Congreso investigue lo que le parezca necesario. Para advertir el nivel de nuestro rezago, téngase en cuenta que el Congreso de Estados Unidos integró su primera comisión de investigación gubernamental ¡en 1792!

La reforma no autorizó al Congreso para convocar ni para pedir informes a las empresas privadas que intervengan en la producción de energéticos. En otros sistemas los congresos y parlamentos tienen atribuciones para investigar a particulares cuando el desempeño de sus actividades es relevante para el interés nacional.

Las acciones de investigación son comunes en los sistemas presidenciales y en los parlamentarios. Como ejemplos están Brasil y Estados Unidos, lo mismo que Alemania, España, Italia, Noruega y Gran Bretaña. En las constituciones de esos países la potestad pesquisidora de los congresos y parlamentos se extiende a todos los aspectos que se consideren de interés público e incluyen la posibilidad de hacer comparecer a autoridades y a particulares. En el caso de los particulares se contempla tanto a los nacionales como a los extranjeros.

Al substraer de la competencia congresual a las nuevas "empresas productivas" de energéticos y al ampliar las facultades presidenciales en esa materia, se contrajo aún más la débil estructura de controles susceptibles de ser ejercidos por el Congreso.

Un problema adicional consistirá en que el amplio margen de poder del Presidente en cuanto a los contratos con las petroleras lo convertirá en el centro de fuertes presiones, sobre todo internacionales, y no contará con el potencial apoyo de un Congreso que carece de facultades en esos asuntos. La ley no podrá suplir la omisión pues sería impugnable por su falta de soporte en el texto constitucional.

Este y muchos otros asuntos irán aflorando conforme se produzcan los efectos de la nueva realidad constitucional. Si se considera que lo más complicado ya pasó, se estará simplificando la vida institucional y económica del país.

La situación es reversible. Se requiere un instrumental democrático de controles que compense las presiones del poder económico sobre la Presidencia y que permita a los representantes de la nación supervisar las actividades de particulares relacionadas con el interés de México.

De no construirse esos instrumentos de la democracia el país quedará expuesto, como antes de la nacionalización, a un excesivo poder de las petroleras en perjuicio de las instituciones. Evitarlo no depende de la reciedumbre de una persona sino de la fortaleza de un sistema. La reforma energética obligará a una profunda reforma democrática.

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