El martes 26 de agosto, en el auditorio Octavio Paz del Senado de la República, el académico don Adolfo Castañón, en representación de la Academia Mexicana de la Lengua, leyó la Conferencia Magistral que dio cierre a las jornadas del Foro de Consulta en materia de Depósito Legal, organizado por la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales del Senado de la República en colaboración con el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. A continuación se transcribe el texto.
"Apuntes en torno al Depósito legal"
Adolfo Castañón
Bibliotecario-archivero de la AML
“Mi casa fueron mis palabras,
mi tumba el aire”
OCTAVIO PAZ
“El depósito legal consiste en la obligación, por parte del editor de una obra, de entregar sin cargo a una repartición especialmente creada para este objeto, cierto número de ejemplares de la misma, a los fines de garantizar los derechos de autor sobre su obra y los del editor sobre su edición. / La ley No. 11.723 de propiedad intelectual argentina, en su art. 57 establece que todo editor deberá depositar en el Registro Nacional de Propiedad Intelectual tres ejemplares completos de toda obra publicada, dentro de los tres meses siguientes a su aparición. El depósito es obligatorio para el editor y si éste no lo hiciere será reprimido con una multa de diez veces el valor venal del ejemplar no depositado.” [Domingo Buonocore, Diccionario de Bibliotecología, prólogo de Roberto Couture de Troismonts, Segunda edición aumentada, Marymar Ediciones, S.A., Buenos Aires, Argentina, 1976, p. 160]
“La palabra 'depósito' proviene del latín deponere, poner o dar en guardia o custodia, es un acto por el cual una persona da una cosa corporal o un bien a guardar a otra persona que se encarga gratuitamente de ello y se obliga a devolverla a la voluntad del depositario. El depósito puede ser voluntario o necesario. El depositario debe guardar fielmente la cosa depositada y restituirla a la primera requisición. En el caso de la propiedad literaria y la propiedad industrial resulta necesario depositar ejemplares, pruebas o dibujos en ciertos lugares determinados por las diferentes leyes que rigen esas propiedades. Esos depósitos son, por otra parte, de obligación absoluta en aquello que concierne a los impresores. El depósito debe ser hecho antes del tiraje para aquellos objetos o documentos que son objeto de una autorización previa.” (Dictionnaire de la conversation y de la lecture, París, 1853).
I
Vivimos tiempos de profundas mudanzas provocadas por la transformación irresistible del entorno así ecológico como tecnológico en el mundo. El cambio climático acarrea también y paralelamente una transformación de las atmósferas culturales, un trastorno de la ecología de la cultura que pasa de la fijeza a la volatilidad.
Somos además testigos, contemporáneos y participantes en y desde México —este país frontera, este eje del mundo— de un momento excepcional: el actual, caracterizado por la voluntad institucional de repensar y de reorganizar al país a través de un conjunto de reformas concebidas precisamente para poder encarar esas vastas transformaciones que el desarrollo de la tecnología ha impuesto e impreso en todos los terrenos y en particular en el de la comunicación, la información, la cultura, el libro y la sociedad misma del conocimiento. De ahí que se imponga a través de este foro la necesidad de articular políticas públicas en materia de Depósito Legal.
Dentro de ese horizonte debe inscribirse esta afortunada reunión convocada por el Senado, el Congreso y la Biblioteca Nacional para debatir y organizar la ventilación al aire público en un Foro de Consulta el proyecto de “Decreto por el que se dispone la obligación legal de los editores de hacer depósito legal de sus publicaciones digitales además de sus publicaciones impresas”. La convocatoria tiene por objeto la conservación, registro, integración y disposición para su consulta de los bienes publicados en soportes impresos o digitales que forman parte del patrimonio de la Nación''... Pero ella misma, la Convocatoria, es indicio de la conciencia que tienen el Estado y la sociedad de la necesidad apremiante de transformar los instrumentos legales diseñados para la conservación y custodia de esos mismos bienes. Es indicio de la conciencia que se tiene en México del salto cualitativo que significa el tránsito de la memoria depositada en espacios físicos, los depósitos tradicionales, hacia los espacios digitales y numéricos... El depósito legal existente desde la Colonia y asociado a la cultura del Renacimiento plantea tres grandes preguntas 1) ¿cómo dar cabida y resguardo en el espacio y el tiempo al enorme caudal de lo impreso en libros y revistas?; 2) ¿cómo dar cabida al depósito digital?; 3) ¿cómo esbozar los mejores caminos, métodos y procedimientos para que esos depósitos se mantengan y logren su propósito de registro y difusión?
II
La cultura del libro está asociada desde su cuna al registro e inventario por parte del Estado o sus extensiones. Gracias a esto, por ejemplo, fueron posibles tanto la Bibliografía mexicana del siglo XVI. Catálogo razonado de libros impresos en México de 1539 a 1600 (1886) compuesta por el eminente Joaquín García Icazbalceta, como en nuestros días la copiosa cauda de libros y registros debidos a escritores y bibliógrafos como José Luis Martínez, Enrique Florescano, Guillermo Tovar y de Teresa, etcétera.
La idea de un depósito legal para los libros y revistas es, como se sabe, eminentemente moderna y se remonta al siglo XVI en Francia y está asociada a la idea de Biblioteca Nacional y de Hemeroteca Nacional. Aspira a ser en el orden de los libros y de las revistas e impresos, lo que en el orden de la demografía sería el censo nacional llevado a cabo por un instituto como el INEGI. Demografía y bibliografía son en cierto modo complementarias. Una sociedad que cambia podría medir sus cambios precisamente por la transformación de los instrumentos capaces de medir su crecimiento poblacional tanto como su desarrollo libresco, hemerográfico, periodístico y, más allá, comunicativo. La coyuntura actual en el ámbito de la comunicación y de la cultura está expuesta a cambios tan profundos que llevan a repensar la idea tanto de una Biblioteca Nacional como de un depósito legal. La iniciativa de reforma al decreto invita a revisar también el depósito legal en sí para comprobar si sus propósitos se han cumplido, si en realidad está teniendo los alcances que se esperaba al crearlo, sobre todo en términos de divulgación de sus contenidos y no solamente de almacenaje.
Ese volver a pensar se da tanto hacia el exterior como hacia el interior: la explosión de la galaxia Gutenberg, la pulverización de la comunicación a través de la televisión, el cine, el radio, la red, la dispersión y apogeo practicados por las nuevas formas de socialización que encarnan las redes sociales representan un desafío cognoscitivo y tecnológico no sólo para las instituciones formales, sino incluso para el observador.
¿Estamos preparados material y técnicamente para poder recibir y registrar en un espacio cada una de las expresiones librescas, hemerográficas, discográficas, cinematográficas, televisuales y cibernéticas que se dan en nuestro país? ¿Tenemos clara la demografía de los dominios abiertos recientemente en la red desde México? Aunque aparentemente no exista una relación directa con el tema de la discusión del decreto que nos convoca, nos parece que no es casual que estemos asistiendo a la quiebra de empresas de distribución de libros y revistas, como es el caso de la mexicana DIMSA. Nos parece que tampoco es fortuita la progresiva concentración de sellos editoriales a nivel planetario.
Cuando durante el sexenio del presidente Vicente Fox se atrevió la idea de crear una nueva biblioteca con carácter dizque nacional, se movió mucha tinta. Sin embargo, no se hizo una consideración que parece pertinente. Usualmente cuando se habla de fortalecer la educación en México, los gobernantes piensan de inmediato en echar mano a la pala y en fomentar la construcción y promover la especulación edilicia. Se construyen grandes centros para promover la lectura, digamos una biblioteca como la que nos imaginamos. Sin embargo, en este movimiento constructivo, se ha atendido poco a la capacitación del personal dedicado a la administración de esa gran biblioteca. Tenemos la paradoja de encontrarnos con bibliotecas sin bibliotecarios, con archivos sin archivistas, la paradoja de habitar en vastos y bien diseñados espacios para captar libros y publicaciones que están en manos de un abnegado y heroico personal egresado de las pocas escuelas de biblioteconomía. Arriesgo la hipótesis de que estamos en la peligrosa situación de ser los mayordomos de casas cuyas puertas de entrada y salida no conocemos del todo; arriesgo la hipótesis de que estamos en la situación del que ha adquirido un vehículo muy costoso y no tiene la suficiente experiencia para manejarlo. Hipótesis incómodas, pero quizá más ciertas de lo que podemos imaginar. ¿Cuánto gana un bibliotecario? ¿Conocemos la pirámide salarial en que se ordenan los archiveros y bibliotecarios? ¿Hay alguna correspondencia entre la situación de estos y la de los operadores que los tutelan? Recordemos que además de la escasez de centros de formación de personal capacitado en las artes de la bibliografía, de bibliotecarios y archiveros formalmente diplomados la gran cantidad de bibliotecas públicas y privadas que se encuentran dispersas en el país nos hace decir que muchos de los operadores, es decir, de los bibliotecarios propiamente dichos no tienen un reconocimiento ni económico ni social adecuado a su dignidad. Tengo presente el caso de nuestro compañero y maestro don Liborio Villagómez, recientemente fallecido, responsable técnico de la Biblioteca de la Academia Mexicana de la Lengua de la cual soy el titular oficial. Por razones de lo que podríamos llamar la ecología escalafonaria don Liborio, que durante muchos años fue responsable del fondo reservado de la UNAM, no tenía el reconocimiento económico que correspondía a su perfil; sin embargo don Liborio fue clave en el proceso de organización, modernización y digitalización de nuestro propio acervo. Los responsables de las bibliotecas públicas y privadas suelen ser en nuestro país más bien figuras relacionadas con el mundo cultural: historiadores, poetas, escritores, arquitectos, etcétera. No es habitual que el responsable público de la biblioteca sea un bibliotecario.
La iniciativa de ley de la que nos hemos ocupado en estos días llama la atención sobre lo que se debe denominar ecología de la cultura, es decir, sobre la gran cadena de causas y efectos que despliega el espacio de la comunicación. Desde esa perspectiva radical, la iniciativa cabría ser leída como la chispa o mecha capaz de detonar en el cuerpo civil o social un movimiento de auto-reconocimiento, de auto-gnosis y de transformación cultural proveniente ya no de un centro sino de los puntos dispersos de la esfera del conocimiento, el intercambio, la comunicación y la producción simbólica. La revolución tecnológica que ha afectado y afecta al planeta del libro, en realidad es un proceso desencadenado de transformaciones que incluyen no sólo al libro y a las revistas sino al planeta mismo y sus habitantes: las ideas y formas de la conservación y de la fijación tanto como de la transmisión y almacenamiento del saber, la técnica y la experiencia se han transformado y se siguen transformando a ojos vistas. Este sacudimiento lo advierten los analistas y lectores, pero en realidad afecta y afectará a la humanidad entera en todas las lenguas que se encuentren navegando en el río de la información y aun a los que estén al margen.
La nueva situación a que nos enfrenta como en un espejo la realidad digital del libro, la bibliodiversidad, hace recordar en algunos sentidos el pensamiento profético de quienes, como el escritor místico francés León Bloy, cuyas páginas selectas para la colección de Cuadernos de cultura popular de la SEP cuidó el profético José Revueltas, pensaban que nuestras vidas desembocan en un libro, en el libro de libros, en la mismísima Biblia en cuyos versículos estaría cifrada en clave hermética la historia de la humanidad. Cabría decir que el diccionario del hombre moderno es muy parecido a un diccionario de bibliotecología en cuyos artículos encontramos voces como guión, número, novela, nota, noticia, muestra, mutilar, monólogo, macroformas, mano, laguna, ideario, etcétera. Umberto Eco decía que si bien las máquinas, los ordenadores y aparatos de comunicación amenazan al libro, estas a su vez sólo pueden ser puestas en funcionamiento a través de un libro, de un manual de procedimientos. Volviendo al tema de la iniciativa de ley a cuya discusión pública acabamos de asistir, sería recomendable que la ley estuviese acompañada de un conjunto de reglamentos filiales, de manuales de uso y procedimiento, de guías para los usuarios; sería todavía más recomendable que dichas guías no estuviesen nada más en las manos de los profesionales especializados sino que formasen parte de la cultura educativa, es decir, que a la sociedad misma y a los jóvenes estudiantes le podría resultar formativo e instructivo el tener conciencia de toda la cadena de la ecología editorial que culmina en el tan mencionado y aun necesario “Depósito de libros”.
III
Lo que está y ha estado en juego a lo largo de estas discusiones ha sido precisamente el deslinde y cálculo de lo que esto significa para nuestra cultura y sociedad. De ahí que sea tan pertinente esta lluvia de ideas en lo general formuladas por el Sen. Zoé Robledo Aburto (Presidente. Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales); Lic. Ernesto Gómez Panamá (Secretario Técnico. Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales. Senado de la República); Dr. Luis Raúl González Pérez (Abogado General, UNAM); Dra. Estela González Campos (Coordinadora de Humanidades, UNAM); Dra. Guadalupe Curiel Defossé (Directora. Instituto de Investigaciones Bibliográficas, UNAM); Lic. Manuel Guerra Zamarro (Director General. INDAUTOR); Lic. José María Hernández Vallejo (Director General de Servicios de Información, Documentación y Análisis. Cámara de Diputados); Dr. Bolfy Cottom (Investigador. Instituto de Estudios Históricos. INAHA); Sen. Adolfo Romero Lainas (Presidente. Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del Congreso de la Unión); Dr. Sergio López Ruelas (Coordinador de Bibliotecas. Universidad de Guadalajara); Ing. José Ignacio Echeverría (Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana); Dra. María Andrea Giovione Yáñez (Investigadora. Instituto de Investigaciones Bibliográficas. UNAM); Sen. Blanca Alcalá Ruiz (Presidenta. Comisión de Cultura); Lic. Azucena Galindo Ortega (Directora General. IBBY México/A leer); Sen. Juan Carlos Romero Hicks (Presidente. Comisión de Educación); Sen. Laura Rojas Hernández (Presidenta. Comisión de Relaciones Exteriores. Organismos Internacionales); Dr. Juan Manuel Durán Juárez (Director. Biblioteca pública “Juan José Arreola” Guadalajara, Jal.); Lic. Armando González Rangel (Representante. Asociación Mexicana de Bibliotecarios y El Colegio de Nacional de Bibliotecarios); Lic. Déborah Holtz Cimet (Presidenta. Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes) como cada una de sus gotas, cada una de las voces aquí expresadas.
A lo largo de estas jornadas hemos compartido varias preguntas e ideas: preguntas: ¿Se puede ver en la red el conjunto de lo que se ha recibido en Depósito Legal en México? ¿Hay instrumentos en los portales de Transparencia para tener acceso a esta riqueza bibliográfica? ¿Existe una publicación abierta que permita conocer cuántas obras han sido objeto de Depósito Legal en México y cuáles son sus categorías? ¿Se podría saber cuántos libros y de qué tipo, cuántas revistas y de qué tipo han sido objeto de ese registro? ¿Hay tesis académicas sobre el tema?
Me quiero imaginar un espacio como una feria en el cual se encontrarían desplegados, como en aquella legendaria Feria del Hogar que se hacía en el Auditorio Nacional en la época de Adolfo López Mateos, todos los libros y revistas que fueron objeto de depósito en un año, todas las producciones digitales desarrolladas por la sociedad en doce meses, todos los videos, todos los programas de televisión, y de radio, todos los links, enlaces y pestañas generados en nuestro país en un año. Esa imaginación tiene no poco de cuento de ciencia ficción; sin embargo ese cuento se transformaría en un cuento de terror para cualquier funcionario o grupo de funcionarios que tuviese el encargo de hacerlo realidad. Independientemente de que se tenga o no la capacidad de hacer realidad este sueño. En el campo de lo digital y de lo numérico, el desafío más grande es la cuestión de la conservación para las generaciones futuras dada su propia naturaleza cambiante. Demasiados libros; pocos lectores.
Hemos compartido varias ideas: 1) que el reparto que configura el tema el Depósito Legal está articulado por varios agentes a) autores-creadores-investigadores-artistas; b) editores-impresores-libreros; c) bibliotecarios y archivistas; 2) que hay una relación estrecha entre Depósito Legal, derecho al conocimiento y derechos humanos que es necesario tener en mente políticas de conversión, conservación digital y emulación —como decía el Lic. Amado González Rangel. La convivencia entre derecho de autor y uso colectivo de la riqueza bibliográfica no debe perder de vista los derechos del ciudadano y del lector; 3) que el Depósito Legal es una responsabilidad que debe respaldarse en tecnologías y procedimientos específicos. También hemos compartido la conciencia de los muy grandes retos y desafíos que encaramos como individuos en el tiempo y como generación en la historia: en primer lugar el desafío de darnos cuenta de que el marco jurídico relativo a este tema es insuficiente en distintos órdenes y sentidos (no hay una legislación homogénea en el país ni instrumentos administrativos coordinados). Ese desafío implica en primer lugar un diagnóstico de exactamente en qué punto se encuentra la realidad en relación con la legislación vigente en esta materia de Depósito Legal e implica tanto una serie de reformas de las instituciones receptoras como exige una planeación precisa y exacta para la integración del Depósito Legal. El diagnóstico pasa necesariamente por una evaluación de las escuelas, universidades y centros de educación superior en donde teóricamente se preparan aquellas personas encargadas de operar y administrar el Depósito Legal. Son muy pocas: no pasan de diez en:
1. Universidad Nacional Autónoma de México / 2. Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. SEP / 3. Universidad Autónoma de Nuevo León / 4. Universidad Autónoma de San Luis Potosí / 5. Universidad Autónoma del Estado de México / 6. Universidad Autónoma de Chiapas / 7. Universidad Autónoma de Guadalajara / 8. Universidad Autónoma de Chihuahua
Existen diversas nominaciones para la licenciatura de la cual egresan los especialistas bibliotecarios:
1. Licenciatura en Biblioteconomía / 2. Licenciatura en Bibliotecología / 3. Licenciatura en Bibliotecología e Información / 4. Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información / 5. Licenciaturas en Ciencias de la Información / 6. Licenciatura en Ciencias de la Información Documental
Tanto las escuelas como los diplomados tienen una composición heterogénea. La falta de identidad profesional parece deberse a la lentitud de la incorporación de las nuevas tecnologías en el área de la bibliotecología. Descubrimos también que, si no contamos con estimaciones confiables acerca de la lectura en México, menos contamos con una evaluación precisa de la composición curricular y especializada de los bibliotecarios en México. En esta materia como en tantas otras la ignorancia intergremial es un síntoma del narcisismo colectivo.
El hombre es un príncipe cuando sueña y un pordiosero cuando trata de dar realidad a sus sueños, dice el poeta romántico alemán Friedrich Hölderlin. El sueño mesiánico de la lectura en México se pulveriza en un puñado de escuelas para los bibliotecarios. La mayoría son para licenciatura hay muy pocos posgrados. El hombre es un príncipe cuando sueña…
En el ámbito digital, como se sabe, no hay fronteras y eso representa también un desafío para las instituciones nacionales. Esta iniciativa auspiciará la ingeniería jurídica y administrativa en este tema: por ejemplo, llamará atención sobre el hecho de que muy pocos estados de la República cuentan con una legislación en la materia. El reto que lanza este decreto gira en torno al asunto y trasunto de lo digital. Este conjunto de desafíos pone la señal de alerta sobre la necesidad de respaldar con recursos a la iniciativa de decreto para que no inicie su acción, por así decir, en una posición deficitaria. El gran desafío que plantea esta iniciativa estriba en la tecnología y los procedimientos adecuados para poder dar seguimiento al registro de todas aquellas publicaciones y ediciones digitales. Otro déficit que revelará esta iniciativa de decreto es el relativo a la formación de personal capacitado para tutelar el tránsito a y de las plataformas digitales.
4) dos sugerencias emanadas en el curso de estas jornadas: a) la redacción del decreto propuesto debería ser acompañada de un glosario que permitiese conocer con claridad los límites de cada uno de los términos empleados; b) sería aconsejable que se diese una correlación entre el otorgamiento del ISBN y el número de Depósito Legal, experiencia que ha tenido fortuna en otros lugares como en España. El tema del Depósito Legal suscita la necesidad de que haya una mayor coordinación entre las entidades que producen la información y las instituciones receptoras; esto resulta particularmente acuciante en lo que toca al Estado mismo y a la producción y edición de materiales diversos por parte de las grandes corporaciones.
A través de este foro de consulta el Estado se reta a sí mismo, y pone en evidencia que no existe un observatorio capaz de concentrar las diversas documentaciones oficiales en virtud de la enorme dispersión administrativa existente. No hay afinación ni armonía entre las publicaciones del Estado mismo, de los gobiernos, y municipios hasta donde tenemos conocimiento.
Sabemos que los recursos siempre serán insuficientes. Sin embargo también sabemos que una planeación y calendarización de la inversión material y de capacitación en esta materia será la única forma de hacer que los recursos existentes tanto humanos como materiales tengan un mayor rendimiento: organizarse es en esta materia ahorrar, invertir. Para organizarse es necesario tener educación, criterio y sentido del significado que representa el hecho mismo de organizarse.
IV
Desde luego resulta del mayor interés la propuesta de decreto. Es un hecho que un gran número de publicaciones ha dejado de estar impresa en papel. De ahí que la propuesta de almacenarlas digitalmente, además de hacerlo en los formatos tradicionales resulte deseable y necesaria. No obstante, la redacción propuesta del decreto se presta a confusiones si se lee con cierto cuidado. Por ejemplo, no es muy claro el inciso “C” del artículo tercero:
"Un ejemplar a las bibliotecas depositarias de todas las publicaciones electrónicas, digitales o bases de datos que se hagan públicos por medio de sistemas de transmisión de información a distancia, cuando el origen de la transmisión sea el territorio nacional. "
Las líneas citadas se podrían interpretar en varios sentidos. Por ejemplo, se podría entender que cualquiera que publique de una base de datos de cualquier tipo, o cualquier página web, por ejemplo el caso de la base de datos de la página de la Academia Mexicana de Lengua, debería entregar una copia de dicha base de datos a las bibliotecas y al congreso. Esto no parecería apropiado ni práctico en ningún sentido: las bases de datos publicadas en Internet son de contenido muy dinámico y su arquitectura puede ser inútil sin un software capaz de interpretarla, pues llegan a cambiar sus contenidos varias veces al día. En este punto específico debería de definirse con más detalle, a qué tipo de publicaciones, y a que tipos de bases de datos se refieren, la propuesta de decreto, así como qué se entienden por base de datos. La redacción de este decreto tal y como está podía resultar una suerte de caja tramposa para poder solicitar oficialmente a las páginas de internet sus contenidos para fines no culturales o patrimoniales. Ahondando en ese punto específico la frase “publicaciones electrónicas” resulta un término demasiado vago: ¿La publicación en un blog podría ser considerada una “publicación electrónica”? De resultar cierta esta interpretación, sin duda el gobierno federal se estaría embarcando en un problema oceánico, pues la masa y volumen de información que debería de almacenarse y manipularse resultaría incalculable. Los demasiados libros para invocar el título de Gabriel Zaid, contrastan en forma escalofriante con el número de lectores competentes. Dicho todo esto queda claro que la teoría del decreto merecería instrumentarse; también queda claro que la eficacia de su praxis mediadora dependerá mucho de la calidad reticular de sus mediaciones.
Agradezco a Daniel Aspuru, Cristina Villa y Martha Bremauntz sus observaciones y comentarios.
