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El libro de Miguel León Portilla Independencia, Reforma y Revolución, ¿y los indios qué? (Conaculta-UNAM, 2011) representa una reflexión crítica sobre la historia de la nación y del Estado mexicano especialmente en torno a tres momentos claves: la Independencia, la Reforma y la Revolución. La tesis principal que sustenta con sólidos argumentos a lo largo de los capítulos del libro es que, no obstante que los pueblos indígenas han sido los principales agentes de la Independencia y la Revolución, los indios no sólo no han mejorado su condición social, jurídica y política, sino que ha empeorado, pues en muchos aspectos los pueblos originarios tenían un mayor reconocimiento cultural, jurídico y político durante la dominación colonial que en el México independiente. Ante esta situación la pregunta que surge es ¿Independencia de quién y para qué?, ¿Reforma de qué y contra quién?, ¿cuál Revolución?

Del balance de lo que han dejado la independencia, la Reforma y la revolución a los pueblos indígenas durante doscientos años, Miguel León Portilla saca dramáticos saldos: si bien, con el proceso de Independencia dio como resultado la formación de un Estado independiente, no logró consolidar su principal fundamento: una nación auténtica e incluyente de la diversidad de pueblos y culturas que constituyen la población mexicana. Pese a los esfuerzos de los gobiernos liberales decimonónicos, incluyendo los de la Reforma, por crear y consolidar desde el Estado una nueva nación homogénea, esencialmente mestiza, para principios del siglo XX, los intelectuales más desatacados como Justo Sierra y Andrés Molina Enríquez reconocían el fracaso, pues no existía una unidad nacional. Para Molina Enríquez lo que había era una pluralidad de patrias indígenas, pero no una nación mexicana. No obstante, tanto él como la mayoría de los liberales insistieron en el proyecto mestizo, excluyente de lo indígena y de la diversidad. Un siglo después, esto es en nuestros días el fracaso del proyecto mestizo de nación es aún más grave. Al menos y a penas la Constitución mexicana reconoce a partir de 1992 el carácter multicultural de la nación, nación que aún está por construirse y que constituye una de las demandas más importantes no de la clase política, ni de los gobiernos, sino de los movimientos indígenas.

Si bien la Reforma logró consolidar un Estado laico y estableció un conjunto de garantías individuales, no tuvo consideración alguna respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ni para sus identidades culturales y formas de vida. Por el contrario, se desarrolló una política de etnocidio a través de una política agraria basada en la privatización de las tierras comunales de los indígenas, de una política educativa y cultural centrada en el exterminio de las lenguas originarias y de la imposición del español en toda la población mexicana e, inclusive en una política poblacional que fomentaba el mestizaje para “blanquear” a las razas indígenas y constituir una población mestiza Un defensor del proyecto mestizo de nación como Molina Enríquez deploró los efectos desastrosos de la Ley Lerdo de desamortización de los bienes de corporaciones civiles y religiosas sobre las paupérrimas condiciones de vida de los indígenas, en su mayoría campesinos. Ciertamente estos efectos se convirtieron a su vez en una de las causas principales del agrarismo durante la Revolución mexicana iniciada en 1910.

Si bien la Revolución mexicana se propuso establecer un régimen democrático y procurar la equidad social, el régimen posrevolucionario resultó tan autoritario como el porfirista y salvo durante el gobierno de Lázaro cárdenas no hubo una restitución y reparto importantes de tierras a los indígenas, que ni siquiera fueron reconocidos como tales, sino insertados en la genérica clase social de los campesinos. Los pueblos indígenas gozan hoy en día de menos libertades y derechos que los que tenían en tiempos de la dominación colonial. En este sentido, hay una clara convergencia entre Miguel León Portilla y Carlos Montemayor, quien en su libro Los Pueblos indios de México hoy afirma: “El liberalismo mexicano destruyó más comunidades en un siglo de las que la Colonia destruyó a lo largo de trescientos años”.

A lo largo de los breves y consistentes diez capítulos que conforman el libro, Miguel León Portilla sustenta estos saldos negativos de la historia del México independiente con sólidos argumentos basados en evidencia histórica, antropológica y sociológica. Veamos algunos de estos argumentos.

En los primeros tres capítulos se desarrolla una línea de argumentación de carácter socioeconómico que muestra el agravamiento de las ya deterioradas condiciones de vida de los pueblos indígenas durante el primer siglo del México independiente. Al terrible genocidio causado por la Conquista y la dominación colonial, que nuestro autor ha tratado como ningún otro, le sucedió una política etnocida en el México independiente que en el término de un siglo redujo la presencia de la población indígena de más de un 50 por ciento de la población total de México en 1810 a un 30 por ciento y para 2010 a menos de un 15 por ciento. Pero lo más grave es la pérdida de autonomía de los pueblos indígenas durante el México independiente: En 1805 el 90 por ciento (2.7 millones) del grueso (3 millones) de la población indígena del país (3.5 millones) que habitaba en la región centro y sur vivía en pueblos indígenas que por su autonomía eran conocidos como “repúblicas de indios” por el derecho indiano. Para principios del siglo XIX había casi 5000 “repúblicas de indios”. Esas repúblicas estaban basadas en la propiedad comunal de la tierra, que provenían de los antiguos altepetl que eran la unidad sociopolítica básica de los antiguos la, mayoría de los reinos prehispánicos del centro y sur del territorio. Al abolirse la propiedad comunal con las leyes de reforma y con otras políticas sociales y económicas se destruyeron los espacios de autonomía que la mayoría de los pueblos indígenas habían logrado preservar durante tres siglos de dominación colonial. La mayoría de los indígenas se quedaron sin tierra, sin comunidad, convirtiéndose en peones y asalariados, en indios desarraigados: innegablemente —nos dice el autor— la disolución de no pocas repúblicas de indios, antiguos altepetl, condujo a la asimilación de sus miembros en el conjunto de la sociedad nacional, dando lugar al incremento de los mestizos y también de los indios desarraigados. Quedaron éstos excluidos de sus antiguas comunidades y rechazados muchas veces como inferiores por aquellos mismos que habían puesto en marcha el proceso dirigido a su asimilación.

Para Guillermo Bonfil Batalla este complejo y contradictorio proceso de desarraigo-asimilación-marginación-desprecio ha dado lugar a una profunda división entre el “México profundo” conformado por descendientes de los pueblos originarios, ya en su mayoría mestizos, pero igualmente excluidos del progreso y el bienestar, y el México imaginario y ficticio que constituye la minoría de la población y que son quienes se han resultado beneficiarios de la Independencia, la Reforma y la Revolución.

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