Ceremonia de ingreso de don Miguel Ángel Granados Chapa

    Jueves, 14 de mayo de 2009.

    La ley, las libertades y la expresión

     Sean mis primeras palabras una manifestación de gratitud a todos los presentes: a las señoras y los señores miembros de la Academia Mexicana de la Lengua por recibirme en su seno y particularmente a la doctora doña Margo Glantz porque hará explícita esa recepción, y gracias también a quienes me acompañan en este acto, que me enorgullece de modo singular.

    Agradezco igualmente la hospitalidad del periódico Reforma, fruto en el corazón de México del diario regiomontano El Norte, en cuyas páginas se publicó amplia porción de la obra de dos integrantes de la familia Junco que fueron miembros de esta corporación: don Celedonio Junco de la Vega, que por radicar en Monterrey fue académico correspondiente, y don Alfonso Junco, hijo suyo, que lo fue de número.

    Nacido en Matamoros, Tamaulipas, el 23 de octubre de 1863, don Celedonio pasó muy joven a radicar en la capital de Nuevo León, donde, dedicado al trabajo bancario o mercantil, fue también asiduo escritor y periodista. Con su hijo Rodolfo fundó en abril de 1922 el diario El Sol, del que 16 años más tarde brotaría El Norte. En cada uno de esos periódicos don Celedonio publicó un editorial cada día, por lo que sumaron miles las cuartillas con sus reflexiones, flujo caudaloso que se interrumpió únicamente con su muerte, acaecida el 3 de febrero de 1948.


    Fue, con la misma entrega, un poeta de hondura reconocida por Enrique González Martínez, José López Portillo y Rojas y Enrique Fernández Granados, quienes presentaron su candidatura para ser parte de esta Academia. Su poesía era alada, como el pajarillo descrito en la pieza escogida por Gabriel Zaid para figurar en su antología maestra, su Ómnibus de poesía mexicana

    Canoro 
    te alejas 
    de rejas 
    de oro. 

    Y al coro 
    le dejas 
    las quejas 
    y el lloro. 

    Que vibre 
    ya libre 
    tu acento. 

    Las alas 
    son galas 
    del viento. 

    La brevedad de su verso fue usada para describir la suya propia: 

    Dos cosas, para tortura, 
    me salieron del demonio: 
    tener tan corta estatura, 
    ¡y llamarme Celedonio! 

    Su hijo Alfonso escogió otras rutas para su arte poético y su prosa, a los que Enrique Fernández Ledesma tuvo por “erguido y apasionante” y como “armoniosa y mansa”. En su abundante producción en diarios y revistas, cuya reunión permitió la edición de muchos de sus libros, no fue infrecuente la polémica, sobre todo en asuntos de historia mexicana y de religión. Su par en la Academia, el padre don Octaviano Valdés, dijo que su “tarea periodística es de inclinación apologética, pero realizada sin pasión, con inteligencia y cultura. Firme y tenaz en la defensa de sus ideas, no intolerante con las ajenas”. Hispanista a rajatabla, es aún famosa su terca insistencia en escribir, como en España, Méjico con jota, por lo que no faltó humoroso contradictor que en revancha recomendara escribir su apellido con equis, Xunco.

    De muchacho, catecúmeno de mi propio catolicismo tan venido a menos al correr de los años, aprendí de Alfonso Junco una arenga que estimulaba mi ardor adolescente y que todavía hoy conservo en la memoria, ya sin la adhesión que entonces me provocaba pero todavía con gusto por su ritmo y sus palabras:

    Hoy, que fango pagano hierve y crece con nueva furia en torno nuestro, tócanos redoblar el ánimo y vivir esa juventud plenariamente. Saber y sentir, y proclamar con obras, que no somos cristianos para llevar vida fácil, sino vida egregia. Y que el cristianismo es hoy, como en su primera aparición, acometimiento y aventura; no asunto de rutina, sino de hazaña; no asunto de burgueses, sino de apóstoles.

    Ese aprecio, tal gusto por las palabras se había instalado en mi conciencia, en mi alma tempranamente. Profesora en su propia casa (donde combinaba la tarea docente con oficios varios para sacar avante a su parvada), mi madre me enseñó a leer y oír y disfrutar el verbo mediante la lectura en voz alta. Cosía ajeno, como rezaban los anuncios en casas de las costureras, y mientras en el último tramo de su larga jornada se inclinaba sobre su máquina Singer, pedaleando y guiando el paso de la tela bajo la aguja con sus manos amorosas, nos pedía a mis hermanos y a mí, a Emelia sobre todo, leer en voz alta cuanto estuviera a nuestro alcance, incluidas las novelas por entregas de la revista Paquita, que le era indispensable porque contenía patrones para confeccionar las prendas que le eran encargadas. Por encima de los suyos propios, recuerdo que sufría con los infortunios de Felipe Derblay, el herrero, héroe de una cinta dirigida años atrás por Ramón Pereda.

    La fruición por la lectura, el paladeo por las palabras musitadas o dichas para que otros las oyeran y captaran su sentido, para lo cual era preciso el fraseo adecuado y el ritmo pertinente, fueron estimulados por mis profesoras de primaria Carmen Alvarado y María García, y por Gudelia Bautista, la directora de la escuela pública en que hice mis estudios elementales; de otro modo, muy de otro modo hizo lo mismo, ya en la escuela prevocacional para hijos de trabajadores, el profesor José Ibarra Olivares. Hoy lleva su nombre un plantel particular, fundado por el conservadurismo católico pachuqueño, por lo que supongo que a esa corriente pertenecía ese maestro a quien plebeyamente llamábamos El Pollón. Lo dominaba, a todas luces, un ánimo clasista. Cuando éramos incapaces de responder a sus preguntas, nos desdeñaba diciendo: “¡No importa! Ustedes serán torneros y para eso no hace falta saber español”. Pero nos lo enseñaba con su propia práctica. Cuando el barullo de los púberes se le tornaba insoportable, anunciaba tronante: “¡Los voy a quintar!” Y señalaba a los castigados: “Uno, dos, tres, cuatro, cinco: ¡fuera!” Con todo, le agradezco el que usara como libro de texto el Manual de gramática castellana, arreglado en lo fundamental conforme a la doctrina de don Andrés Bello por Carlos González Peña, que enmarcó mi inicial interés por la organización de las palabras.

    Acentuaron esa inclinación el libro de español de la profesora tabasqueña Rosario Gutiérrez Eskildsen y luego, ya en la escuela preparatoria, el de Retórica y poética, de Narciso Campillo y Correa, de que se auxiliaba para ofrecer el curso correspondiente el abogado Bibiano Gómez Quezada, poeta de renombre local al que por torpe mezquindad aldeana nunca quisimos reconocer como autor de este Madrigal, que siempre supusimos, sin fundamento, que había sido escrito por otro; así de bien nos sonaba:

    ¿Sabes qué es un madrigal
    cuando brota de la pluma?
    Pues es un copo de espuma
    salpicado en un rosal.
    Es una abeja ideal
    que lastima, si los toca,
    los corazones de roca.
    Es un beso enloquecido
    que anda buscando su nido
    en el cáliz de tu boca. 

    ¿Y cómo no tener presente en esta hora las lecturas que propició en su curso de Literatura Universal el doctor Pedro Espínola Noble, que no se contentaba con recorrer el prontuario escolar correspondiente, sino que nos hizo ir a las fuentes y a mí, en particular, me otorgó la deferencia de prestarme las novedades llegadas sistemáticamente a la única librería con que Pachuca contaba entonces y que él adquirió impaciente ante el abandono en que la tenía el señor Acevedo, su propietario original?

    A mediados de esa década, mi curiosidad me llevó al funeral del senador Alfonso Cravioto, al que se honró en su Pachuca natal a la hora de su muerte, el 11 de septiembre de 1955. Veinte años después de su deceso, escribí un intento de biografía de este personaje singular, protagonista de la Revolución mexicana, trayecto de la historia en que comenzó siendo magonista y terminó en la Cámara de Senadores de esa “revolución hecha gobierno”, como se definía el régimen de partido dominante casi único. Me enorgullece proclamar que, muy a la zaga de Cravioto, el primero, tenga yo el honor de ser el segundo hidalguense que ingresa a esta Academia.

    Él fue correspondiente de 1938 a 1950, pues en esos años era diplomático, y se convirtió en académico de número el 21 de agosto de 1950. Ocupó la silla número 28, de la que hoy es titular el felizmente centenario don Silvio Zavala. Una larga dedicación a las letras avalaba la pertenencia de Cravioto a la Academia, una vocación que disputó en su espíritu por su necesidad de actuar en la vida social, en la transformación de México. Hijo de un gobernador porfirista caído en desgracia, fue un precoz antirreelecionista. Preso en la cárcel de Belén por su trabajo en la prensa prevolucionaria, fue en su hora maderista, aunque lo hirió la incongruencia de aceptar, como diputado federal, la renuncia de Madero y de Pino Suárez, grave desliz que esa legislatura justificó pretendiendo que de ese modo salvaba la vida del presidente traicionado. Fue después cercano a Carranza, en cuyo gobierno provisional ejerció funciones de secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Activo y eficaz constituyente en 1917 —el artículo 123 muestra su huella— siguió siendo miembro del Congreso, aunque después el obregonismo triunfante lo arrojara a la cuneta y lo forzara al exilio en forma de misión diplomática.

    Fue menos accidentada su trayectoria literaria. En un paréntesis de la política, publicó sus primeros versos, posteriores a sus artículos de combate contra el porfiriato. Autor y mecenas, en 1906 fundó la revista Savia Moderna. De ella dijo Alfonso Reyes: “No sólo en el nombre, en el material mismo prolongaba la Revista Moderna. Duró poco —era de rigor— pero lo bastante para dar la voz de un tiempo nuevo. Su recuerdo aparecerá al crítico de mañana como un santo y seña entre la pléyade que discretamente se iba desprendiendo de sus mayores”. Cita Reyes enseguida a Rafael López: “la redacción era pequeña como una jaula. Algunas aves comenzaron allí a cantar”. Contemos entre ellas la de Reyes mismo, que en esa revista vio su primer poema publicado, y quien concluye:

    A muchos metros de la tierra, sobre un edificio de seis pisos (el de La Palestina, en Cinco de Mayo y Bolívar [que aun existe, añado por mi parte]), abría su inmensa ventana hacia una perspectiva exquisita: a un lado, la Catedral; al otro, los crepúsculos de la Alameda. Frente a aquella ventana el joven Diego Rivera instalaba su caballete. Desde aquella altura cayó la palabra sobre la ciudad.

    Muchos años después, este fue el dictamen de don Francisco Monterde sobre esa aportación primera de Cravioto a la cultura nacional: “Representó Savia Moderna el esfuerzo coordinador de un grupo juvenil preparado; fue, como centro de cohesión, aquel en que se afirmó el Ateneo de la Juventud, del cual Savia Moderna habría podido ser el órgano del que careció más tarde”.

    El Ateneo de la Juventud. Lo precedió la Sociedad de Conferencias, cuyo primer ciclo fue abierto el 29 de mayo de 1906 por Cravioto con una plática sobre Eugène Carriere, pintor francés entonces recién muerto. El 28 de octubre de 1909 surgiría El Ateneo, a cuyos miembros enumera Vasconcelos, ateneísta él mismo, y quien llama a Cravioto “un preciosista escultor de prosa”. Ésta fue elogiada por Reyes también, que la halló “fluida, musical, colorida”. Su poesía, en cambio, fue desestimada por don Antonio Castro Leal, quien reseña sumariamente su libro de versos intitulado El alma nueva de las cosas viejas, aparecido en 1921, diciendo “que es una especie de inventario poético —en el que realmente no abunda la poesía— de las formas de vida de la época de los siglos coloniales: colección de estampas de la nobleza, la audiencia, los autos de fe, la nao de China, el chocolate, los saraos, el misionero, el encomendero, la monja, la dama, don Juan Manuel, la Llorona…”.

    Tampoco mostró entusiasmo el académico potosino por el inacabado pero magno esfuerzo lingüístico del académico hidalguense, al que Castro Leal llama Repertorio metódico del lenguaje y al que, si bien califica de “obra importante y considerable”, no fía en su calidad, pues “no se sabe con exactitud en qué consiste, aunque parece ser una especie de diccionario dispuesto en tal forma que permite una fácil consulta e inmediata correlación ideológica”. Habría don Antonio tenido una más cabal y precisa idea de tal diccionario, de asomarse al discurso con que don Carlos González Peña recibió a Cravioto en la Academia. Tras describir el diccionario ideológico, que de eso se trata, el que dio la bienvenida dijo del que llegaba que la colección de palabras y su agrupamiento:

    sacrificio —y sacrificio inmenso— representaba. El poeta renunciaba a crear para dedicarse a servir. Nuevamente, aunque por singular manera, el hombre de acción se sobreponía al poeta, bien que no ya para reemplazarlo, antes, al contrario, para darle ayuda. Espiritualmente, y con ánimo generoso, poesía y acción se daban la mano.

    Durante sus dos décadas de diplomático, Cravioto anotó, hasta reunir cientos de miles de papeletas, localismos que fuera del lugar de su origen eran arcaicos e iban cayendo en desuso. Para reincorporarlos a la lengua, que de ese modo se enriquecería genuinamente, discurrió formar un diccionario en que las palabras se agruparan por materias, como los libros en una biblioteca, en un orden no alfabético, sino ideológico, mediante una clasificación de ideas que fuera de lo concreto a lo abstracto.

    Desarrollé —explicó el autor— esa clasificación hasta sus minucias: abarca solamente 552 números que se pueden subdividir con otros números simples, y las letras del alfabeto para los detalles, y esto constituyó la base y la urdimbre del trabajo. Luego vino la clasificación minuciosa de todo el caudal del idioma, numerando palabra por palabra todo lo que me fue dado captar. Lo fundamental está constituido por las voces aceptadas por la Academia española, pero he agregado todos los arcaísmos aprovechables y todo el conjunto de voces aceptables que han ido surgiendo en los países de nuestra América.

    González Peña, más entusiasta que Castro Leal, valora esta obra, esta:

    agrupación ideológica completa y pormenorizada de todo el actual acervo disponible, y lleva como clave y como índice una lista alfabética de todas las palabras clasificadas, con los números que les señalan su colocación en el ordenamiento. La labor, silenciosa y tenazmente desarrollada a lo largo de un cuarto de siglo, abarcó más de medio millón de palabras, requirió el apelar a ingeniosos arbitrios y hasta inventar curiosos aparatos que la tornaran posible… ¡y está concluida!

    No se sabe qué fue de ese colosal esfuerzo. Cuando hace un cuarto de siglo escribí la biografía de Cravioto, Un liberal hidalguense, la familia misma del prócer parecía ignorar el paradero de las 500 000 papeletas reunidas con tanto amor por las palabras. Me pregunto si hoy las nuevas tecnologías de la información permitirían un mejor manejo de ese acervo y si la Academia Mexicana de la Lengua estaría en situación de localizar ese material y darle el uso pertinente. Lo merece quien fue “uno de sus miembros más sabios, más prudentes y más bondadosos”. Así lo llamó en sus exequias, en nombre de la Academia, el mismo Castro Leal, al que no asaltaban todavía las reticencias que manifestó 20 años después, y el 11 de septiembre de 1955 dijo que Cravioto:

    pasó por el mundo interesado siempre por la difusión de la cultura y en el bienestar del pueblo. Sentía que estas dos preocupaciones eran función obligatoria de todos los hombres de corazón y de pensamiento, y él la cumplía sin buscar recompensa, sin provocar o dar ocasión a los aplausos públicos, sin esperar los agradecimientos populares.

    Con más de medio siglo de distancia, Cravioto y yo estudiamos en las mismas aulas, recorrimos los mismos pasillos del antiguo hospital de San Juan de Dios, donde en el naciente estado de Hidalgo se instaló el 3 de marzo de 1869 el Instituto Científico y Literario. Al concluir cada uno el bachillerato, viajamos a la ciudad de México, él para inscribirse en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, convertida, al ser creada la Universidad Nacional, en la Facultad de Derecho de que yo también fui estudiante al mismo tiempo que lo era de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. Allí, en el año mismo de mi ingreso, tuve la oportunidad de ser alumno de don Ernesto de la Torre Villar, profesor de técnicas de investigación documental. Agradezco a quien corresponda el privilegio de ocupar, sin la vana pretensión de colmar su hueco, la silla número XXIX, creada para que la honrara con su presencia el padre don Ángel María Garibay Kintana, único antecesor de don Ernesto en el sitial que desde ahora ocuparé gracias a la generosidad de ustedes, señoras y señores académicos, que el 28 de febrero del año pasado aceptaron mi ingreso, propuesto por doña Margit Frenk, don Ruy Pérez Tamayo y don Fernando Serrano Migallón, a quienes nunca manifestaré suficientemente mi gratitud por la presentación de mi candidatura.

    Sabio entre sabios, el padre Garibay nos hizo cobrar conciencia de las muchas culturas de que somos consecuencia, frutos, hijos. Su dilecto discípulo don Miguel LeónPortilla dijo de él que entre todos los grandes merecimientos de ese sacerdote ejemplar:

    que fue a la vez auténtico poeta, conocedor profundo del idioma castellano, nahuatlato, hebreólogo, traductor de los clásicos griegos y latinos, acucioso expositor de la Biblia y editor de obras fundamentales para la historia de México, sobresalen sus aportaciones en relación con los antiguos textos literarios e históricos del mundo náhuatl, así como sus estudios en torno a la figura y obra de fray Bernardino de Sahagún.

    Y sin decirlo, pero hablando de sí mismo, don Miguel agregó que “como maestro, Garibay dejó discípulos que continúan las tareas por él iniciadas”. Fue para sus feligreses un auténtico padrecito y sin menoscabo de su ministerio, se convirtió en un intelectual y un universitario que mereció el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional en que enseñaba.

    Don Ernesto de la Torre fue, al igual que su antecesor, un hombre bueno, en una época en que la bondad escasea y cuando su ejercicio ruboriza y se esconde. Fue también un diligente trabajador de las ideas, de las letras, de los libros. Reunió bajo el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que le correspondió crear, a la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales, en cuyos trabajos se había ocupado. Y dio asimismo el impulso inicial al instituto José María Luis Mora, solvente institución de docencia e investigación en ciencias sociales. No lo fatigó su permanente búsqueda y hallazgo de documentos que dieran fe de cómo se urdieron vastos episodios nacionales, y encontró lugar para que el acopio de materiales en beneficio de todos no le impidiera realizar su propia interpretación de los sucesos y los personajes. Edmundo O’Gorman, que no era pródigo en elogios, dijo en una ocasión que Ernesto de la Torre era un sabio. Al reproducir la significativa cita, nuestro Vicente Quirarte explica su sentido:

    Lo es tanto de modo sustantivo como adjetivo, pues no todos los hombres cultivados son sabios ni todos los sabios merecen ser llamados hombres. Si hubiera que resumir en una fórmula el secreto de su obra rica y generosa, esta se hallaría en su capacidad de verdadero maestro que utiliza las palabras para construir y modelar, para hacer del mundo un lugar más habitable.

    En el mío, como en innumerables casos, esa calidad de maestro —lo digo en mi condición de testigo y beneficiario de su labor docente— no se limitó a trasmitir rutinas para la indagación y la presentación de sus resultados sino que abrió el apetito por saber, por organizar el conocimiento ya obtenido, por añadir nuevos pasos a los ya dados. El rigor documental que aprendí en su curso ha sido piedra de toque de mis emprendimientos profesionales.

    En ellos ha sido fundamental el ejercicio de las libertades de pensamiento y de expresión, en sus formas tradicionales y en sus desarrollos contemporáneos, que incluyen el derecho a saber para decir y para actuar. Sobre ellas quiero reflexionar esta noche. Sobre la tensión permanente, más de una vez transformada en agrio debate, en ataque sordo y hasta en cruenta lucha, entre el pensamiento y la escritura, que sólo florecen en libertad, y el poder en cuya naturaleza está constreñirlos. Apenas difundida la imprenta de Gutenberg, los poderosos –sea que invocaran al cielo como fuente de su autoridad o la enraizaran en la fuerza de sus armas– se percataron del riesgo que frente a ellos significaban el libre examen y la circulación abierta de las ideas, impresas en papeles de difusión cada vez más amplia, y tomaron providencias para ceñir los derechos cuyo ejercicio hacían posible los tipos móviles. Siglos más tarde lo hizo también un poder que emanaba de ciertas capas del pueblo, el Parlamento inglés, que en 1643, en una orden que creó las primeras barreras de contención de la libertad: la licencia para imprimir y la censura previa, así como rudos castigos a los infractores. A ello se opuso, con vigor espiritual y hermosura poética, John Milton en su célebre discurso llamado Areopagítica. “Dadme la libertad de saber, de hablar y de argüir libremente, según mi conciencia, por encima de todas las libertades”, demandó Milton en su alegato; con ese título remitía a una edad de oro del progreso humano, el de la Grecia clásica.

    Aquel Parlamento llamado Largo, que estuvo en funciones en medio de vicisitudes sin cuento, que incluyeron la instauración de la república y la restauración monárquica, había dispuesto que “ningún libro será en lo sucesivo impreso o dado a la venta sin haber de antemano conseguido aprobación y licencia de la persona o personas que ambas cámaras o cualquiera de las dos designaren para la expedición de tales servicios”. La orden incluía no sólo esa forma de censura previa, sino también la punitiva, pues se autorizaba a “la compañía de libreros y a los funcionarios de ambas cámaras para la busca de las prensas no autorizadas y la destrucción de ellas, para la busca de libros no autorizados y su confiscación, y para la aprehensión de todos los autores, impresores y otros tales” relacionados con la publicación de libros no permitidos, someterlos a la junta examinadora y “aplicarles los ulteriores castigos”.

    El autoritarismo de la Iglesia romana encontró en España un fértil campo donde sembrar miedo y silencio a través de otro instrumento antilibertario, los índices de libros prohibidos. De esa tradición atemorizadora se nutrió la legislación que en nuestro suelo, como virreinato y como república, pretendió a menudo coartar de plano o cuando menos angostar las libertades.

    El espíritu liberal tuvo un destello fulgurante en la España que se abría al promisorio siglo xix y logró establecer la monarquía constitucional con la carta de Cádiz, con la que tuvimos en México un breve verano de libertad, pues el artículo 371 de la constitución gaditana confirió a todos los súbditos españoles, los americanos incluidos, la “libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación”. Hasta allí, la anchura de la disposición significaba una clara respuesta a la clausura colonial. Pero la frase final de ese artículo, si no la cerraba, al menos entornaba la puerta, al establecer por primera vez el condicionamiento a que se sujetó desde entonces todo precepto sobre las libertades de pensar, de escribir, de publicar: “bajo las restricciones y responsabilidades que establezcan las leyes”.

    Tras esa mampara se parapetó el virrey Venegas cuando consiguió que la audiencia emitiera el 5 de diciembre de 1812 el acuerdo por el que se suspendió esa libertad constitucional, “por el abuso más escandaloso hecho de ella en los periódicos y demás papeles impresos”. Mediante ese acuerdo, el virrey encarceló a José Joaquín Fernández de Lizardi, e incautó la prensa en que se hacía El Pensador Mexicano.

    Salvo el inaplicado programa de la administración del presidente Valentín Gómez Farías, que en 1833 estableció sin cortapisas la “libertad absoluta de opiniones, y supresión de las leyes represivas de la prensa”, la legislación sobre la materia, vigente en las tres décadas iniciales de vida independiente, osciló entre la proclamación de los principios liberales y la enumeración de restricciones, pretendidamente fundada en la experiencia de los abusos en que incurría el periodismo. Su extremo corresponde a Santa Anna, en cuyo último gobierno, en que era llamado Su Alteza Serenísima, fueron listados por primera vez como abusos de imprenta los escritos subversivos, sediciosos, inmorales, injuriosos y calumniosos, los que después se llamarían, en la triada vigente hoy, ataques a la vida privada, la moral y el orden público. Entre los escritos subversivos se contaban “los que ataquen al supremo gobierno o a sus facultades o a los actos que ejerza en virtud de ellas” y:

    los que insulten el decoro del gobierno supremo, del consejo, o de cualquier otra autoridad superior o inferior, ya sea en general o particular de la república, atacando a las personas de las que la ejerzan, con dicterios, revelación de hechos de la vida privada o imputaciones ofensivas, aunque los escritos se disfracen con sátiras, invectivas, alusiones y demás medios…

    Había que ofrecer una respuesta condigna a esa desmesura represiva. La dio no tanto su producto, sino el proceso de elaboración de la Constitución de 1857, su congreso, al que fueron elegidos diputados periodistas que en carne propia habían padecido en la década anterior las dictaduras de Paredes, Arista y el dueño de Manga de Clavo. La discusión de los artículos que serían el sexto y el séptimo de la carta magna del liberalismo mexicano en el poder alcanzó momentos cumbre en la historia parlamentaria mexicana. Los protagonizaron Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto y Francisco Zarco, que con un puñado más se opusieron sin éxito al relativismo de consagrar el derecho y de inmediato acotarlo con limitaciones que, a los ojos de esos próceres, lo hacían nugatorio. Prieto, el gran memorioso de sus tiempos, sintetizó esta incongruencia diciendo que la comisión dictaminadora, cuyo texto combatía, “asienta un gran principio, y como deslumbrada con la luz de la verdad, retrocede espantada, se intimida…, parece pedir perdón por su atrevimiento y se apresura a formular restricciones que nulifican el derecho”.

    Zarco, por su parte, al pugnar por “un principio que debe ser amplio y absoluto”, invocó su experiencia, su experiencia de víctima, ante sus compañeros que al restringir la libertad de imprenta “dejan a la prensa expuesta a las mil vejaciones y arbitrariedades a que ha estado sujeta en nuestra patria”. Estuvo de acuerdo, naturalmente, en que el artículo que sería séptimo declarase “inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en cualquiera materia”, pero aclaró que “la enunciación de este principio no es una concesión, es un homenaje del legislador a la dignidad humana, es un tributo de respeto a la independencia del pensamiento y de la palabra”.

    Y luego expuso los riesgos de erigir como valladares contra la libertad la vida privada, la moral y la paz pública:

    ¡La vida privada! Todos deben respetar ese santuario; pero, cuando el escritor acusa a un ministro de haberse robado un millón de pesos al celebrar un contrato, cuando denuncia a un presidente de derrochar los fondos públicos, los fiscales y los jueces sostienen que cuando se trata de robo se ataca la vida privada y el escritor sucumbe a la arbitrariedad.

     

    ¡La moral! ¡Quién no respeta la moral! ¡Qué hombre no la lleva inscrita en el fondo del corazón! […] pero cuando hay un gobierno perseguidor, cuando hay jueces corrompidos y cuando el odio de partido quiere no sólo callar, sino ultrajar a un escritor independiente, una máxima política, una alusión festiva, un pasaje jocoso de los que se llaman colorados, una burla inocente, una chanza sin consecuencia, se califican de escritos inmorales para echar sobre un hombre la mancha de libertino.

     

    ¡La paz pública! Esto es lo mismo que el orden público. El orden público, señores, es una frase que inspira horror; el orden público, señores, reinaba en este país cuando lo oprimían Santa Anna y los conservadores, cuando el orden consistía en destierros y en proscripciones. ¡El orden público se restablecía en México cuando el ministro Alamán empapaba sus manos con la sangre del ilustre y esforzado [Vicente] Guerrero! […] ¡El orden público, señores, es a menudo la muerte y la degradación de los pueblos, es el reino tranquilo de todas las tiranías! […]

    ¿Y cómo se ataca el orden público por medio de la imprenta? Un gobierno que teme la discusión ve comprometida la paz y atacado el orden si se censuran los actos de los funcionarios; el examen de una ley compromete el orden público; el reclamo de reformas sociales amenaza el orden público; la petición de reformas a una constitución pone en peligro el orden público. Este orden público es deleznable y quebradizo y llega a destruir a la libertad de prensa, y con ella, todas las libertades.

    Derrotada por la moderación mayoritaria su postura, Zarco logró un privilegio que atenuara el riesgo de persecución y castigo injustos, como los que él había padecido. Consiguió que el artículo incluyera una cláusula procesal: los delitos de imprenta serían vistos por dos jurados, uno que estableciera el hecho y otro que aplicara la pena. Pretendió de ese modo evitar que los jueces profesionales, en quienes con fundamento desconfiaba, fueran instrumento de la represión. No fue casual que esa fórmula quedara derogada en 1883 en la pavimentación del camino a la dictadura de Díaz. La Constitución de 1917 reprodujo el artículo séptimo de la de 57 y lo enriqueció con la prohibición de considerar la imprenta como instrumento del delito y la de encarcelar a los “vendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado”, sensible apreciación echada a perder por la sensatez que era innecesario enunciar: “a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos”. En una restitución parcial de la fórmula de Zarco, se estableció en el artículo 20 que los delitos de prensa fueran vistos por un jurado, uno solo y no especializado, para no crear un indeseable fuero. “En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la nación”, reza ese texto convertido no propiamente en letra muerta, sino en clara señal de que el poder ha preferido la anomia que la emisión de normas que permitan el venturoso ensamble de libertad y responsabilidad.

    Venustiano Carranza se apresuró a reglamentar las libertades de pensamiento y de imprenta. Su propia experiencia y el papel que atribuyó a la prensa contraria a Madero en su derrocamiento y muerte le habían causado una inquina contra los periodistas, a los que buscó someter en los hechos y con una ley a modo. Cuando fue primer jefe del Ejército Constitucionalista, y también durante su presidencia, puso en práctica una singular modalidad de represión e intimidación. Eran los “viajes de rectificación” verdaderos secuestros en que reporteros u opinadores eran forzados a echar una segunda mirada al lugar de los acontecimientos que habían referido y al que eran llevados por la fuerza, bajo cuyo efecto enmendaban su primera aproximación. Con toda su gravedad, tal práctica desapareció con su creador. No ocurrió lo mismo, en cambio, con la ley reglamentaria de los artículos 6˚ y 7˚ de la Constitución, cuyo lenguaje recuerda al de Santa Anna. Dictada en circunstancias de inestabilidad para enfrentar una coyuntura aún afectada por enfrentamientos bélicos, esa ley está vigente al día de hoy. Aunque se trate de una antigualla, una pieza de museo jurídico, es la regla que pueden invocar o aplicar quienes se sientan víctimas de ataques en la prensa. Ataques, así llama esta norma a las supuestas violaciones a la trinidad de vida privada, moral pública y orden público. El propio Carranza, al expedirla, juzgó que:

    la necesidad y oportunidad de esta ley serán apreciados debidamente si se tiene en consideración que, hasta hoy, los excesos de la libertad de imprenta y en general de la manifestación de las ideas, ha causado serios trastornos, tanto contra el derecho de los particulares y la tranquilidad de las familias, como contra el orden y la paz pública, pues a todos vosotros os es bien conocido que fue el libertinaje de la palabra y de la prensa lo que más eficazmente contribuyó a debilitar el prestigio y respetabilidad del gobierno legítimo de la república, y a fomentar y apoyar la audacia de los enemigos de aquél, pudiendo decirse, sin temor a equivocarse, que fue lo que de una manera principal y directa determinó los cuartelazos y crímenes de febrero de 1913.

    ¿Cuáles valores jurídicos defiende esa ley, a sus 92 años de edad?: A título de ejemplos, solamente, leamos en ella que constituye un ataque a la vida privada:

    toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente, o por señales, en presencia de una o más personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquiera otra manera que, expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, radiotelegrafía o por mensaje, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio, desprecio o en sus intereses.

    Constituye un ataque a la moral:

    toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o por cualquier otro medio […] con lo cual se ultraje u ofenda públicamente el pudor, a la decencia o a las buenas costumbres, o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquellos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor.

    Y constituye un ataque al orden o a la paz pública:

    toda manifestación o expresión hecha públicamente […] con la que se aconseje, excite o provoque directa o indirectamente al Ejército a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus miembros o a la falta de otro u otros de sus deberes; se aconseje, excite o provoque directamente al público en general a la anarquía, al motín, sedición o rebelión, o a la desobediencia de las leyes o de los mandatos legítimos de la autoridad; se injurie a las autoridades del país con objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo, o con el mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegiados, al Ejército o Guardia nacional, o a los miembros de aquéllos y ésta, con motivo de sus funciones; se injurie a las naciones amigas o a los soberanos y jefes de ellas o a sus legítimos representantes en el país, o se aconseje, excite o provoque a la comisión de un delito determinado.

    Discutible técnicamente la vigencia de la ley, porque fue dictada en el periodo preconstitucional, y toda pieza legal en esa circunstancia quedó derogada al entrar en vigor la Constitución, los tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tanto en tanto la aplican y declaran su vigencia. Se la invoca asimismo cotidianamente para rectificar o responder a informaciones periodísticas, pero los editores la acatan voluntariamente y nadie ha iniciado acción legal alguna para hacer valer ese derecho, como tampoco nadie ha buscado el apoyo legal para que emisoras de radio y televisión lo hagan efectivo en cumplimiento de un reglamento administrativo expedido en 2002. Esa norma nueva carece de eficacia tanto como sus antecedentes remotos, la Ley Federal de Radio y Televisión, que en materia de libertades se limita a reproducir, rutinariamente, el credo constitucional sin ofrecer un desarrollo propio a los contenidos de los medios electrónicos de comunicación.

    Se ha configurado así una contrahechura jurídica y social, un panorama contradictorio y aun ridículo en que la principal pieza jurídica de alcance federal, expresa y específicamente aplicable a la prensa, pende amenazante sobre los gobernados, no sólo los periodistas, sino los ciudadanos en general. Desde el poder no se busca aplicarla, sino sólo tenerla allí como amago latente, de donde resulta que una principalísima actividad social, la prensa, no está regulada suficiente y eficazmente para conciliar los intereses de la sociedad y los del periodismo, que por definición no pueden ser antagónicos, sino compatibles.

    Tenían también ese carácter de amago los delitos contra el honor incluidos en el Código Penal federal. Los de difamación y la calumnia quedaron derogados en marzo de 2007, pues en tal sentido se pronunciaron instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha estimado riesgoso para la libertad de expresión el que sus practicantes puedan ser llevados a prisión. Como quiera que sea que la reputación es un valor jurídico a cuyo respeto tiene derecho toda persona, se recordó que la cancelación de la vía penal quedaba remediada de antemano por una de carácter civil. En 1982, como parte de un programa de gobierno que incluía “la renovación moral de la sociedad”, algo imposible de lograr por decreto, se introdujo en el Código Civil del Distrito Federal la responsabilidad por daño moral. Con prosa pedregosa allí se define tal daño como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás […]”. Que la figura jurídica se creó para castigar expresiones publicadas en los medios de comunicación queda claro al saberse que:

    cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original.

    Ante la protesta de un sector de la prensa que temió que la renovación moral de la sociedad implicara en realidad una criminalización de sus tareas por una vía en apariencia ligera, se agregó a la reforma una disposición presentada como garantía de libertad: “No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión o información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6˚ y 7˚ de la Constitución general de la república”. Tal remisión lo es en realidad a la ley de imprenta, reglamentaria de esos textos, con lo que la aparente garantía de libertad queda ceñida a normas restrictivas dictadas en una época de franca ingobernabilidad y autoritarismo contra la prensa. Que no es tal garantía lo muestra el hecho de que casi la totalidad de los juicios por daño moral se han instaurado contra periodistas, con lo que medran demandantes abusivos que ponen precio a su honor, pues la principal sanción en este caso es una indemnización cuyo monto puede arruinar al castigado.

    En el panorama de confusión, incongruencias, vacíos, inaplicabilidad general y aplicación selectiva de las normas que rigen la libertad de expresión, los juzgadores en general han hecho aportaciones vitandas que empeoran el talante peligroso y contradictorio de esa legislación. La mala salud de la impartición de justicia en general ha llegado en este capítulo a extremos inadmisibles, como el de suponer que es ilícita la sola publicación de libros, diarios y revistas. Con semejante criterio, se ha generado una suerte de acoso judicial, de hostigamiento de demandantes animados por dolo y mala fe que buscan fatigar a sus demandados en prolongados y costosos juicios que cuando se multiplican dejan exhaustos no a malandrines que ostensiblemente dañan la fama pública de personas respetables, sino a periodistas que honran a su oficio practicándolo con rigor y responsabilidad.

    En toda sociedad, las libertades resultan no de la ausencia de normas, sino de las certezas que brindan leyes breves, generadoras de seguridad jurídica, interpretadas en los tribunales con respecto a las personas y su patrimonio moral, ése que no puede ser tasado en dinero. Aunque se ha convertido en un lugar común cuya frecuente invocación lo ha desprovisto de sustancia, hemos de rescatar la noción de reforma del Estado como una necesidad republicana de satisfacción insoslayable e impostergable. Formaría parte de ese empeño legislativo una ley de medios que regule los derechos respectivos sin coartarlos, armonizándolos entre sí; que garantice libertades que son necesarias para la sociedad y los individuos, que dé cauce al uso de las tecnologías con espíritu democrático, en que convivan sin reñir la búsqueda de la rentabilidad económica y el afán por multiplicar las voces.

    Como la expresión misma, la libertad de expresión no es materia que concierna sólo a la prensa y sus practicantes. Y así como la libertad está expuesta a riesgos, el uso de la palabra, la expresión pública viven horas críticas. Es verdad que cada vez un número mayor de personas hablan español en todo el mundo. Pero es verdad también que esas personas cada vez hablan menos español. Nuestra lengua en general, y la de México en particular, está sujeta a un proceso de pauperización que se manifiesta en la frecuente habla tartajosa, en la incapacidad para formular desde enunciados sencillos propios de la vida cotidiana hasta los resultados de la introspección que nos hace plenamente personas.

    El empobrecimiento del lenguaje amenaza con precipitarnos en la mudez. Las nuevas generaciones ignoran o desdeñan el riquísimo patrimonio verbal que debiera serles propio. Don Ernesto de la Peña, con información provista por esta Academia, ha mostrado su preocupación por la parvedad del habla juvenil, compuesta por menos de un centenar de palabras, magra condición empeorada (añado por mi parte), por el perezoso abuso de muletillas y la cansina aplicación de adjetivos facilones a situaciones diferentes. Padre, padrísimo, impresionante son a menudo las solas palabras con que se pretende describir el regocijo de una fiesta, la belleza de una persona o un paisaje, la hondura de un efecto emocional. Todo ello encubierto tras la coartada desafiante de quien desdeña el esfuerzo de la precisión verbal: “Me entiendes, ¿no?” Frente a esa pobreza verbal creciente ocurre la apariencia de un enriquecimiento por el arribo o la intromisión de un léxico nuevo. Pero se trata a menudo de un enriquecimiento ilegítimo, en parte porque proviene de la adopción servil de lenguaje extranjero (el que denomina todo lo relacionado con las nuevas tecnologías de comunicación e información, por ejemplo), que nos lleva a solicitar que se nos forguardee un texto llegado en un mail distinto que el mío, y en parte porque sin necesidad alguna los neologismos se sobreponen a palabras en uso, sin tacha. ¿Por qué se ensancha cada día la utilización de verbos como accesar o aperturar siendo que existen elacceder y el abrir comunes y corrientes? De ese modo, se apertura una cuenta bancaria o un expediente judicial. A ese paso, pronto los dentistas nos ordenarán aperturar la boca para realizar su ingrata labor.

    Y si en el habla de todos los días sufrimos déficit en aumento, en la comunicación política, la necesaria para la convivencia democrática, hay motivos para una preocupación mayor o al menos semejante. Como sociedad dominada, el mutismo ancestral fue una forma de resistencia a la dominación cultural, a la imposición de un lenguaje ajeno. En épocas más recientes se nos impuso silencio de otra manera: la prescindibilidad de los ciudadanos en la gestión de la cosa pública trajo consigo el despliegue de un lenguaje espurio, mezcla de retórica y propaganda, instrumentos de la simulación que ha sido uno de los signos del régimen autoritario y ante el cual no había lengua ciudadana que oponer. Y cuando los esfuerzos destinados a contar con un lenguaje propio, el que permite expresar exigencias ante el poder, han tenido fruto y el lenguaje de la democracia se ha abierto paso, los poderes contrarios a esa apropiación de las palabras, al debate de las ideas, los combaten con la simplificación, con el no lenguaje. Un omnipresente ejemplo está en curso: en vez del diálogo para el entendimiento, las precampañas y las campañas recientes han privilegiado los spots, destellos en apariencia verbales que no permiten ni requieren del discernimiento lógico que es connatural a la expresión oral o escrita. En otra senda que puede también conducir al silencio, se inhibe la construcción de un espacio común mediante el insulto y la invectiva, que son modos amenazantes de acallar al interlocutor que deja de serlo para convertirse en adversario y aun enemigo.

    Sean mis palabras finales para desear, como lo hago con fervor, que la lengua que humanizó al hombre siga siendo fermento para la convivencia, que se profundiza y ensancha en la medida en que con palabras nos reconocemos y reconocemos a los otros, que no son ajenos ni distantes, sino parte del nosotros.

     

    Respuesta al discurso de ingreso de don Miguel Ángel Granados Chapa

    1

    Debo confesar que cuando Miguel Ángel Granados Chapa, don Miguel Ángel, me pidió que contestara su discurso de ingreso a esta Academia Mexicana de la Lengua me embargó una profunda emoción por el honor y la responsabilidad que esta elección me confiere. Y no es para menos; además de ser un gran amigo, cosa que aprecio en lo que vale, Miguel Ángel es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más importantes en nuestro México actual, tan necesitado de gente como él por su inteligencia, sabiduría, rigor, consistencia, honradez y valentía en su oficio de periodista, profesión y vocación en la que ha destacado sobremanera desde hace más de 40 años, al grado de convertirse en el referente obligado de todas nuestras mañanas, a través de su programa de Radio unam, Plaza Pública, y de su columna del mismo nombre en el periódico Reforma, donde con rara agudeza, imparcialidad y constancia ejemplar nos informa de los acontecimientos cruciales que suceden en nuestro país, columna que, en diversos periódicos y con el mismo nombre, cumplió 30 años de ejercicio continuo y responsable el 13 de julio de 2008.

    No en balde Miguel Ángel ha sido objeto de los más importantes reconocimientos durante los últimos tiempos —doctorados honoris causa, premios nacionales de periodismo, la medalla Belisario Domínguez, para citar sólo unos cuantos—, reconocimientos que se coronan, estoy segura, con la ceremonia de esta noche en que orgullosamente lo recibimos como miembro de número de esta corporación donde se le ha destinado la silla XXIX, lugar antes ocupado por el recién fallecido e ilustre historiador don Ernesto de la Torre Villar, quien asimismo fue su maestro y a quien nuestro nuevo académico, como él mismo confiesa, le debe muchas cosas, entre ellas la de haber aprendido las técnicas de investigación documental, piedra de toque de su labor periodística. Estamos en consecuencia ante un acto de justicia poética, pues ocupar la silla de un hombre notable por su excelencia y su probidad, como maestro y funcionario académico es, además de un reconocimiento merecido, el afianzamiento de una genealogía iniciada desde que apareció en esta casa Ángel María Garibay Kintana, para quien se creó la silla número XXIX y, quien, entre paréntesis, escribía con desenfado su segundo apellido con K, quizá en contra de las reglas de la ortografía imperante: Garibay, “sabio entre sabios”, como lo define acertadamente su heredero actual, “nos hizo cobrar conciencia de las muchas culturas de las que somos consecuencia”; fue asimismo maestro de otro de nuestros ilustres académicos, don Miguel LeónPortilla, también historiador.

    2

    El currículum de Miguel Ángel Granados Chapa es muy conocido por todos nosotros. Baste mencionar que nació en Pachuca, estado de Hidalgo, a principios de la década del cuarenta, que cursó su primaria y la prevocacional, para hijos de trabajadores, en escuelas públicas de su lugar natal y con maestros excelentes —¿quién podría asegurar lo mismo hoy, con el deterioro de la educación publica en nuestro país?—. Él mismo nos aclara que fue su madre quien le inculcó el gusto por las palabras, notable mujer y profesora nata, en homenaje de quien estudiaría Derecho ya en la ciudad de México y en la UNAM, nuestra alma mater, al tiempo que proseguía por vocación la carrera de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas de la misma institución. Estamos enterados de que le falta sólo el examen de grado para obtener el doctorado de Historia en la Universidad Iberoamericana; también de que ha publicado numerosos libros de actualidad desde 1982, entre ellos, y cito: La banca nuestra de cada día; Votar, ¿para qué? Manual deelecciones; Comunicación y política; ¡Nava sí, Zapata no!: la hora de San Luis Potosí: crónica de una lucha que triunfó; ¡Escuche, Carlos Salinas!; Constancia hidalguense; Fox & Co. Biografía no autorizada; Tiempo de ruptura , etc.; de que ha tenido numerosos cargos de importancia pública: por ejemplo, subdirector editorial y colaborador de Excélsior (1976); director, gerente y colaborador de Proceso (19761977); jefe de los noticieros del Canal 11 (1977); director general de Radio Educación (19781979); director general de la revista Mira (19901994); director de La Jornada (19881990); presidente del consejo de administración del Grupo Editorial Tres; director de Hoja por Hoja, suplemento de libros del diario Reforma, y colaborador en por lo menos 14 diarios más. Interrumpo aquí este cómputo: pasar lista a toda su trayectoria me tomaría todo el tiempo de que dispongo.

    3

    Documentado, oportuno, como es su costumbre, Miguel Ángel rememora en su discurso la historia de quienes han contribuido, aunque fuese de manera indirecta, a su llegada a nuestra Academia. Empieza hablando de don Celedonio Junco, académico correspondiente radicado en Monterrey desde muy joven y fundador de El Norte, periódico del que proviene actualmente el diario Reforma, que ahora con generosidad nos alberga y donde se publica diariamente Plaza Pública, la tan mencionada columna de Granados Chapa. Le toca enseguida el turno a su hijo Alfonso Junco, miembro de número de esta Academia y quien entre otras veleidades tenía la de escribir, y a rajatabla, la palabra Méjico con jota, por lo que, agrega Miguel Ángel, algunos de sus críticos escribían su apellido con equis, otra posible infracción a nuestras reglas de ortografía.

    Rinde luego homenaje a don Alfonso Cravioto, a quien le dedicó un importante libro y nacido igualmente en Pachuca; miembro de la Sociedad de Conferencias, del Ateneo de la Juventud y fundador de la revista Savia Moderna en 1906, reproducida en edición facsimilar por nuestro querido y añorado José Luis Martínez cuando fue director del Fondo de Cultura Económica y de nuestra Academia durante varios años. Hidalguense como Granados, Cravioto ocupó en nuestra institución —como correspondiente primero y, luego, como académico de número— la silla XXVIII, cifra doblemente emblemática, pues Miguel Ángel ocupa desde hoy la silla siguiente, es decir, la XXIX y, además, es el segundo hidalguense a quien tenemos el honor de acoger entre nosotros.

    4

    Persistente y apoyado siempre en los datos, como buen historiador, lo que le otorga a sus escritos una gran credibilidad, Granados va elaborando paso a paso su discurso, cuyo parte medular será —¿cómo podría ser de otra forma?— el problema de la libertad de pensamiento y de expresión, cuyas raíces explora, remontándose a la aparición de la imprenta y explicando la reacción que contra ésta tuvieron de inmediato las autoridades civiles y eclesiásticas de aquel tiempo, al advertir el peligro que corrían si se aceptaba la libre propagación de las ideas y su libre examen. Milton es para Granados el paradigma: en su Aeropagíticael escritor inglés se pronuncia en contra de la censura y exige ante el parlamento que se reconozca el derecho “de saber, hablar y argüir libremente”.

    La historia de la libertad de expresión, en su doble modalidad de palabra hablada y de palabra escrita, y las persecuciones a las que se vieron expuestos quienes la defendieron en nuestra patria durante los distintos gobiernos conservadores del siglo XIX, especialmente mientras ocupó la presidencia con tan persistente y catastrófica recurrencia Santa Anna (desde Fernández de Lizardi al Nigromante y tantos más), constituye el tema de la siguiente parte de su discurso: con admiración recuerda los breves interludios de libertad que se dieron durante la Constitución de Cádiz y más tarde, ya en el México independiente, durante la administración de don Valentín Gómez Farías.

    Miguel Ángel dedica una parte sustancial de su texto a examinar un dato recurrente y poco estudiado de la historia de México: cuando se logra decretar constitucionalmente el derecho a la libre expresión, se produce inmediatamente una curiosa y nociva reacción, la que él llama “el relativismo de consagrar un derecho y de inmediato acotarlo con limitaciones”, relativismo denunciado en 1857 durante el proceso de elaboración de la Constitución por los diputados Ignacio Ramírez, Francisco Zarco —con quien muchas veces Miguel Ángel ha sido equiparado— y Guillermo Prieto, quien denostando a sus compañeros de congreso, y sobre todo a la comisión dictaminadora, arguyó que, repito la cita que reproduce Miguel Ángel y que me parece fundamental, “como deslumbrada con la luz de la verdad, [ésta] retrocede espantada, se intimida[…], parece pedir perdón por su atrevimiento y se apresura a formular restricciones que nulifican el derecho”.

    ¿Una reliquia del pasado? No, Granados comprueba con numerosos datos cómo aún esa libertad acotada fue suprimida durante la dictadura de Díaz y cómo, después de la Constitución de 1917, Venustiano Carranza se apresuró a reglamentarla y cómo, agazapada cual influenza maligna, sigue vigente; los artículos 6˚ y 7˚ de la Constitución de 1917 mantienen viva, explica Granados, “esta ley cuyo lenguaje recuerda al de Santa Anna, por más que una interpretación lineal de la historia los ubique en corrientes antagónicas”.

    Me interesa destacar por ello un momento de este discurso de ingreso: al hablar de los liberales del 57, Granados reproduce declaraciones de Zarco; allí denuncia la forma en que las nociones de vida privada, moral y paz pública han servido para coartar de sofística manera nuestro derecho inviolable para “escribir y publicar sobre cualquier materia”. Nociones que se siguen manejando casi iguales o de manera encubierta para ayudar con apariencia de legalidad a frenar y perseguir a quienes intentan denunciar los abusos de nuestros gobernantes. Subrayo este dato con uno de los recientes artículos de Granados, aparecido en Reforma el 27 de abril pasado, con el título “Definición de libertades”. En él se refiere a la demanda de indemnización por daño moral que la exprimera dama, Martha Sahagún de Fox, entabló contra la periodista Olga Wornath y el semanario Proceso, y con cuya sentencia se inconformó porque se reconocía judicialmente que había sido lastimada en su honor pero no vulnerada en su derecho a la intimidad, decisión más bien tautológica, pues ¿cómo puede determinarse la exacta separación entre intimidad y honor?, y que ahora deberá revisar, dictar sentencia y quizá establecer jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya primera sala ha atraído para sí el caso. En este pleito se vuelve a plantear lo que en su momento hizo explícito Francisco Zarco y que continúa siendo uno de los debates principales de la prensa libre: 

    Se trata de saber —dice Granados en su artículo— si el derecho a la intimidad y a la vida privada pueden ser un valladar que impida el derecho a la información, especialmente en tratándose de personas cuya notoriedad pública, sea por su cargo o por su propia decisión, las convierte en parte de la escena pública sujeta al escrutinio público, ejercido a través de los medios de información.

    5

    Múltiples son los casos que se podrían añadir y que evidencian las violaciones continuas a que se ve expuesta la libertad de expresión en nuestro país: bastaría simplemente con pasar revista a los artículos escritos por Granados o reflexionar sobre sus comentarios de la radio, pero no puedo alargar demasiado mi propio texto, de por sí ya extenso, por lo cual sólo añadiré un punto más que quisiera destacar, tema que alude con desmedida importancia a nuestra labor como académicos:

    Nuestra lengua en general, y la de México en particular —dice Miguel Ángel—, está sujeta a un proceso de pauperización, dato que se advierte […] en la incapacidad para formular enunciados sencillos. El empobrecimiento del lenguaje —concluye— amenaza precipitarnos en la mudez.

    Vuelvo a acudir al texto publicado en Plaza Pública el 29 de abril con el título de “Cogobierno en la sep”, donde con gran habilidad utiliza una noticia —la de la enfermedad de Manuel Camacho Solís— y nos remite a la contingencia que acaba de ocurrirnos, la de la influenza, ridículamente bautizada como humana y antes como porcina, y conecta a la vez a este político con Elba Esther Gordillo, sobre quien Miguel Ángel ha trabajado exhaustivamente en su libro La coalición elviazul. Camacho, ahora repuesto del ataque de fiebre que hubiera podido aniquilarlo, es uno de los políticos a quien le debemos, como nos recuerda Miguel Ángel, una acción decisiva en el encumbramiento de esta líder magisterial: “Mientras se le atendía —explica—, por fortuna con buen resultado, quizá haya tenido ocasión de recordar el papel que exactamente 20 años atrás tuvo en el ascenso de Elba Esther Gordillo al liderazgo magisterial”.

    Y, es obvio, entre los múltiples y muy serios problemas que aquejan a nuestro país, uno de los más serios es el de la educación pública y su deterioro; es más, el hecho de que Gordillo se haya convertido en la mujer más poderosa de México va en relación directa con la paulatina afasia que como epidemia nos sobreviene y que se ha hecho patente aún más en la toma de posesión de Alonso Lujambio como secretario de Educación Pública, cuando Elba Esther, explica Granados, “no se asumió como una dirigente sindical, sino como parte del gobierno”. Con lo que se perpetúa el estado de cosas y no se avista salida para el mejoramiento de la educación en México, ¿no ha ido revistiendo cada vez más importancia la dirigente magisterial como personaje ineludible e indispensable de la vida nacional por el papel decisivo que ha jugado en la contienda electoral?

    ¿Y cómo no asociar este hecho con otro reciente, la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Miguel Ángel Granados Chapa? ¿No se otorga ésta como homenaje a —y como símbolo de— la libertad de expresión? ¿No fue privado de su lengua —se quedó sin lengua— don Belisario por criticar en el congreso al tirano? ¿No dijo literalmente en su discurso en el congreso que “durante el gobierno de don Victoriano Huerta la prensa entera de la República [está] amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad”?

    La lengua se degenera, se reduce, se achica, muere. Nos la han encogido mediante decretos y alianzas con liderazgos corruptos y prácticas desleales: la triste verdad es que han surgido miles de nuevos lenguajes verbales y no verbales para amordazarnos, desde los escritos en mantas por los narcotraficantes, colocados en sitios públicos muy visibles o, lo más aterrador, en cadáveres con signos de tortura o descabezados. Comprobamos así que el lenguaje se pulveriza como los cuerpos sumergidos en ácido para hacerlos desaparecer y no dejar ningún indicio de los crímenes. Existen otras modalidades asimismo perversas para hacernos callar que no recurren ni a la tortura ni al asesinato para dejarnos mudos, pero que nos van privando poco a poco del lenguaje y de la reflexión, ¿no se ha reducido recientemente por ejemplo el sentido de la palabra transversal para eliminar del bachillerato las asignaturas filosóficas? Quizá sería bueno dedicarle por lo menos una sesión en nuestra Academia a la nueva connotación que de esa palabra han puesto a circular nuestras máximas instancias educativas haciendo de la ética y de la lógica sólo materias transversales.

    Al negarles a las jóvenes generaciones una educación adecuada, se las deja a la merced de autoridades y profesores ineptos y, además, en manos de los medios, los cuales, en su mayoría, nos inundan con programas insulsos que ayudan paulatinamente a que nuestra lengua se deteriore cada vez más para reducirnos casi sin remedio a la afasia funcional.

    Miguel Ángel, en nombre de mis compañeros académicos y en el mío propio, sé bienvenido en esta casa y, como la Malinche, aún mal leída entre nosotros, tratemos juntos “de cortar lengua”, expresión que definía y caracterizaba a doña Marina y que, para don Fernando Alvarado Tezozómoc y sus contemporáneos indios, se relacionaba con lo agudo, lo filoso, lo cortante, lo puntiagudo: sólo cortaba lengua —equivalente también a la expresión cortar la pluma antes de emprender el acto de la escritura—, y repito, sólo podía cortar lengua quien tuvo mayor facilidad de palabra y logró por ello descifrar el idioma de los españoles, un lenguaje al parecer muy apretado. 

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